Los integrantes del vergonzoso Congreso Nacional tienen una papa caliente en las manos. Se la puso la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para justificar la actitud blanda y sospechosa, sobre el caso del desastre humano ocurrido, por descuido de sus dueños, en la discoteca Jet Set, según las conclusiones del Ministerio Público.
De acuerdo con las opiniones de diversos abogados penalistas, la ausencia de un Código Penal moderno, está llevando a los delincuentes a la gloria y a los pobres al infierno.
Es un contubernio externo, el de los políticos, empresarios y los representantes de los respectivos gobiernos.
No hay nada que justifique el hecho de que la delincuencia se multiplique, por la ausencia de un Código Penal que le aplique.
Pagándole el pueblo millones de pesos en salarios, viáticos, privilegios e irritantes exoneraciones, a un grupo de ciudadanos mal llamados legisladores, para que representen en el Congreso, los intereses de todos los sectores, no solamente los de sus patrocinadores.
Resulta excesivamente frustrante ver, impotente, cómo se te cruzan por delante determinados farsantes y cínicos, con categoría de asaltantes, súper protegidos con seguridad pagada con los impuestos de la sociedad decente, que ingenuamente ha votado para elegir a tantos delincuentes.
Esos que se han negado a aprobar un código penal, que provea de las suficientes herramientas legales, a los miembros del tribunal, para que los antisociales de cuellos blancos, al igual que los delincuentes comunes no se les puedan escapar.
La experiencia de la desgracia humana de la discoteca Jet Set, cuyos dueños posiblemente solo tengan que pagar cerca de dos años de cárcel, por la muerte de 236 personas, es algo soberanamente indignante, sobre todo después de escuchar a la procuradora general de la República sugerir que debido a las falencias del presente Código Penal, no se podría aplicar la pena que merecerían los responsables directos, por descuidos y negligencias, de los dueños de la susodicha discoteca Jet Set.
Ojalá los legisladores de todas las parcelas políticas asuman su responsabilidad legal, esperada y demandada por la Sociedad Dominicana durante décadas.
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