LA ROMANA, R.D.- La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana dictó una condena judicial en contra de la Junta de Distrito Municipal del 10 de Cumayasa por mantener en un “limbo administrativo” e incertidumbre laboral al ciudadano Gabriel Elías Santana, tras la retención de sus salarios y la negativa de expedir los actos administrativos que certifiquen su estatus de empleo.
Mediante la Ordenanza 1858-2026-OPRE-136, emitida por el magistrado Abrahán Nicolás Severino Saldívar en atribuciones de referimiento, el tribunal acogió las pretensiones de la demanda incoada por el señor Santana a través de su abogado representación, Wanchy Medina.
La decisión judicial ordena a la Junta Distrital del 10 de Cumayasa la entrega formal en un plazo no mayor a 48 horas laborables de Acción de Personal / carta de cancelación o desvinculación) que establezca formalmente la situación laboral del demandante; además una certificación laboral y de nómina donde consten el cargo desempeñado (Supervisor de Área), su estatus administrativo y los salarios devengados.
Asimismo, el juzgador impuso a la entidad municipal una astreinte de RD$500.00 pesos dominicanos por cada día de retardo e inercia en el cumplimiento de la decisión judicial.
Durante el proceso se comprobó que el accionante contaba con más de dos años de servicio continuo en la entidad municipal como Supervisor de Área. Sin embargo, la administración le suspendió el pago de sus salarios sin entregarle la correspondiente notificación formal de despido o resolución fundamentada, violando con ello el debido proceso administrativo (Art. 69.10 constitucional) y los reglamentos de gestión de la Función Pública.
Al valorar el alcance de la sentencia, el abogado Wanchy Medina expresó que “este precedente judicial ratifica que las autoridades edilicias no pueden actuar al margen de la ley ni mantener a los servidores públicos bajo prácticas arbitrarias de desvinculación de facto”, subrayando además que “la tutela judicial efectiva y el respeto al derecho de defensa son garantías inquebrantables que obligan a la administración a documentar y transparentar cualquier decisión institucional”.
En ese sentido, recordó que el artículo 12 del Reglamento 523-09 sobre Relaciones Laborales en la Administración Pública impone un mandato imperativo ineludible a las Oficinas de Recursos Humanos, las cuales “están en la obligación de expedir certificaciones y copias de los documentos que reposen en el expediente de los servidores públicos a requerimiento del interesado”, por lo que negar o retener esta información constituye una clara ilegalidad que la justicia no puede tolerar.
La ordenanza judicial fue declarada ejecutable de pleno derecho y de forma provisional, sin fianza y no obstante cualquier recurso que pudiera interponer la administración edilicia.


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