Entre ellos, el caso de Tony Adames y otros funcionarios de su gestión municipal
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
Tras salir del Pepca, la entonces directora Laura Guerrero Pelletier entregó un inventario de los casos existentes en el Área de Litigación al actual titular del órgano encargado de perseguir los actos de corrupción.
La mayoría de estos casos tienen en común la supuesta malversación millonaria de fondos públicos, la asociación de malhechores para cometer actos de corrupción, además de imputados que al principio de la investigación fueron sometidos a la prisión preventiva y que con el tiempo, la mayoría recobró la libertad bajo ciertas restricciones.
Los expedientes de malversación de fondos y corrupción administrativa que se encuentran en los tribunales incluyen a políticos o exfuncionarios que perdieron sus puestos a raíz de los escándalos.
Entre los expedientes se encuentra el caso del excalde del ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, Raúl Mondesí, quien fue condenado en primera instancia a ocho años de prisión y se le impuso una multa de RD$60 millones por corrupción y fue inhabilitado por 10 años a aspirar a cargos públicos.
Mientras que Bienvenido Araujo Japa, exsecretario general de la Alcaldía de San Cristóbal y Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, extesorero, fueron condenados a siete años de cárcel y al pago de RD$20 millones.
Ferreira Guzmán tendrá una degradación por siete años, en tanto que a Araujo Japa le fue impuesta una inhabilitación por seis años.
Otro expediente es el del caso del Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, Samaná, cuyos imputados figuran José Mercedes Martínez Emeterio, Willis Alberto Vilorio Sarante y Basilia Espinal, acusados de alegada prevaricación y desfalco millonario en la institución edilicia.
Igualmente, el expediente que se encuentra pendiente de conocimiento en Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, relacionado a los involucrados de 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) pagó en soborno en 2009 para la adquisición de ocho aviones Súper Tucanos.
En torno al caso, figuran implicados el exsecretario de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa, y las empresas 4D Business Group y Magycorp.
También el caso del exalcalde de La Romana, Juan Antonio Adames (Tony) y los demás implicados Rafael Augusto Rocha Trinidad, Francisco Severino Nolasco, Remigio Antonio Pilier Mercedes y Michael Ferreyra. Este acusado de desfalco durante su gestión como alcalde de La Romana (2010-2016)
Otro expediente es el relacionado al caso Semma (Seguro Médico para Maestros), en cuyo expediente figuran como imputados Eddy Leonardo Terrero Fermín, Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga Moreno, así como el expediente de Fodearte (Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional), donde figuran como imputados Octavia Angélica Medina.
En el inventario también figura el caso de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), cuyo principal acusado de Juan Ernesto Romero Pérez, igualmente el caso de Hacienda, donde figuran como imputados Servio Tulio Suncar Liriano, Isabel María Soto Santa y Leonardo Alberto Rodríguez Cabrera.
También el caso del Distrito Municipal La Bija, cuyo principal imputado es Jesús Jiménez Castro, el caso del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, donde figuran como imputados, Félix Manuel Rodríguez Grullón y Jerson Neris Lizardo Pérez, así como el caso de Villa Altagracia, donde figura como imputados Radhamés Díaz Luna.
Asimismo, el caso de soborno de 92 millones de dólares que la constructora brasilera Odebrecht admitió haber pagado para ser favorecida con obras, cuyo expediente se encuentra apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuya audiencia está pautada continuar el 30 de septiembre.
En el caso figuran como acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y el exsenador Tommy Galán.
Asimismo, el caso de Los Tres Brazos, el cual se encuentra apoderado el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de una solicitud de apertura a juicio en contra de once personas, entre funcionarios y empresarios, involucrados en una asociación de malhechores para la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos en 80 millones de pesos.
En julio del 2018 la Procuraduría General de la República sometió a la justicia a los involucrados y que aunque han pasado dos años, el caso sigue en la etapa preliminar donde no se ha podido conocer debido a la pandemia del coronavirus. Mientras que las personas que fueron afectadas por la venta de sus hogares todavía siguen pidiendo que se haga justicia.
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