Pese a una invitación formal, el conglomerado empresarial declinó participar y desperdició la oportunidad de presentar los estudios, permisos y títulos de propiedad que no ha suministrado, y exponer sus argumentos legales, rebatir los señalamientos sobre irregularidades y posible corrupción en el proceso de los permisos y estudios realizados para que el Poder Ejecutivo dictara un decreto que permite la construcción del aeropuerto.
El director del IDAC, Román Caamaño Vélez, condujo la sesión y dispuso que se levantara un acta donde constara la inasistencia del Grupo Abrisa, sin formular comentario alguno. Lo acompañaban Bernarda Franco Candelario, directora del departamento legal del IDAC, y Rafael Dickson, asesor legal externo.
La Corporación Aeroportuaria del Este, la otra parte citada, fue representada por los abogados Miguel Valerio y Enrique de Marchena. Fue convocada a la vista pública dado que el AIB se levantará unos 15 kilómetros o dos minutos de vuelo del Aeropuerto de Punta Cana (APC), de su propiedad.
El IDAC revisó el proceso para la autorización del AIB, he hizo consultas con expertos internacionales, y el 29 de octubre pasado dictó la Resolución No. 017/20, que declara lesiva al interés público la autorización (comunicación 2293, del 11 de agosto), para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), patrocinado por el Grupo ABRISA, “ante el cúmulo de irregularidades y decisiones técnicas sospechosamente apresuradas y manifiestamente incompletas”.
De Marchena expuso que la CAE atendió la invitación del IDAC, formulada mediante acto de alguacil, en calidad de interesada y afectada, ya que de construirse, el AIB le ocasionará serios daños por los cambios en la aproximación y despegue de las aeronaves que conllevaría la operación de otro aeropuerto a una distancia tan corta.
Refirió que de la resolución del IDAC se deduce la inexistencia de estudios que demuestren que la construcción del AIB no “reduce, constriñe o limita la capacidad operativa y comercial de los aeropuertos circundantes, tanto en llegadas como en las salidas”.
El abogado, experto en asuntos turísticos y aeroportuarios, aludió a un estudio del ministerio de Hacienda, realizado a petición del Ministerio de Turismo, en el que se afirma que el AIB es económicamente inviable, por lo que necesita exenciones fiscales del Estado superiores a los 4.000 millones de pesos. Además, indicó, el CAE ha calculado que el IDAC deberá realizar inversiones por 30 millones de dólares para equipar el AIB, sin contar los gastos a que se obligará el Estado para brindar los servicios de seguridad, agricultura, migración, salud y control aéreo, entre otros. (resumenturismo.com)
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