Reclamaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poner fin a esta situación que afecta severamente la imagen del país como destino turístico y el ambiente de seguridad jurídica indispensable para atraer la inversión extranjera.
Explica que en los dos casos ocurridos en Bayahibe el 17 y el 22 de septiembre pasados fueron procedimientos irregulares hechos sin las notificaciones previas de sentencias, y con supuestas sentencias que afectaban a empresas diferentes a las que ahora son propietarias y operan los establecimientos afectados.
“No reclamamos privilegios o impunidad, solo que las autoridades aseguren que se cumpla el debido proceso que garantiza la constitución” dice la declaración de ASONAHORES y los hoteleros de Bayahibe.
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