José María Reyes
El proceso judicial por los sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht es uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido la sociedad dominicana en las últimas décadas, porque la decisión que emane del tribunal y las que resulten de las apelaciones definirán, en gran medida, el compromiso real con la lucha contra la corrupción y la impunidad que tanto han demandado los ciudadanos.
Este caso definirá si realmente tendremos un Ministerio Público independiente, dará un parámetro real de la institucionalidad del país, pondrá en evidencia de nuevo lo peligroso del control político sobre el Poder Judicial y otros estamentos del Estado y, al mismo tiempo, podría representar un gran problema para la estabilidad social y política del país.
Según el expediente, la estructura de corrupción comenzó en el 2001, se desarrolló entre el 2004 y el 2012 con tal magnitud que las obras públicas de gran envergadura las construía Odebrecht y las empresas constructoras dominicanas pasaron a ser subcontratistas de Odebrecht, continuó entre 2012 y 2016, año en que comenzó a bajar la inclusión de constructoras dominicanas en las licitaciones de las obras del Estado.
El escándalo Odebrecht explotó en diciembre de 2016, por iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que empujó una investigación que no dejó más salida que abrir el proceso judicial en el que, por las personas involucradas y admisión de sus ejecutivos de que pagaron US$788 millones en sobornos en 12 países (10 de ellos en América Latina), US$92 millones en República Dominicana, lo que puso al desnudo un entramado de corrupción que involucra a políticos de varios partidos al más alto nivel y a empresarios.
La poderosa empresa Norberto Odebrect, que estaba presente en 27 países, era la constructora más grande de América Latina (además tenía operaciones en África) y logró niveles de complicidad con líderes políticos que han provocado la renuncia, encarcelamiento, persecución y suicidio de ocho expresidentes en países de la región, así como de decenas de exfuncionarios, políticos y empresarios. Es el caso de corrupción del siglo y ha dejado muy mal parados a los políticos latinoamericanos.
En República Dominicana, el entramado de corrupción que tenía base de operación regional y tocó a políticos, funcionarios, legisladores y empresarios, está en juicio de fondo, pero enmarañado por las complicidades y el control institucional. Solo seis imputados están en juicio de fondo; la lista era larga, pero la influencia y el poder político fue dejando fuera del brazo judicial a decenas que estaban en el radar de la investigación.
Ahora los jueces tendrán que emitir sentencia contra esos seis imputados. Sabemos que no están todos los que son; ahí está el principal desafío, porque los que no están son los que la sombrilla de la impunidad arropó bajo su sombra protectora. Al mismo tiempo, otro tribunal decidirá sobre los archivos definitivos de ocho exfuncionarios que estaban entre los primeros 14 imputados. Pero a todas luces parece que será difícil revertirlo.
Odebrecht dejó al desnudo hace mucho tiempo el nivel de corrupción e impunidad, cómo algunos sectores se han burlado de la sociedad, las complicidades y el daño que el control político ha provocado a las instituciones y el impedimento para hacer justicia con algunos protagonistas de primera línea. Pero el aspecto más importante es que, por la multiplicidad de colores de los políticos involucrados, este juicio podrá comprobar la independencia del Ministerio Público, la fortaleza de la Justicia y si realmente comenzará el fin a la impunidad.
AUTOR
José María Reyes Pérez es periodista, un simple mortal que aspira a una sociedad mejor. Es jefe de redacción de cierre de Diario Libre.
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