lunes, 10 de octubre de 2016

ADOCCO SOLICITA AUDITAR COMPRAS DE TERRENOS PARA ESCUELAS Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CABRAL Y BÁEZ DE SANTIAGO

DICE QUE EL HOSPITAL CABRAL Y BÁEZ DE UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE DOS MIL MILLONES TERMINARÁ COSTANDO EL DOBLE



Santo Domingo, D. N.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana realizar a la mayor brevedad posible, auditorias al programa de adquisición de solares para la construcción de escuelas, a través del cual se formó un clan que identificaba los terrenos con vocación alguno para levantar escuelas y otros sin las condiciones mínimas para establecer un centro escolar, procediendo a comprarlo a través de terceras personas y luego recomendar al ministerio la obtención de los mismos a un costo muy por encima del valor de mercado, no obstante tener las autoridades declararlo de utilidad pública y pagarlo conforme el avalúo del Catastro Nacional como manda la norma.

La organización de la sociedad civil presentó como muestra el contrato de fecha tres  de febrero del año 2014, entre el Lic. Carlos Alberto Amarante Baret, en su calidad de ministro de educación y el señor Santiago Taveras Jiménez, firmaron el contrato identificado con el numero 3347, mediante el Poder Especial No. 4-14, de fecha treinta y uno  del mes de enero de ese año del presidente de la república, para la adquisición de un terreno, ubicado en la parcela No. 1-J, del Distrito Catastral No. 2, de la provincia Valverde, con una área total de (40,457.00 Mt2)de los cuales le transfirieron al ESTADO DOMINICANO, una porción de terreno de Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Metros Cuadrados (8,640.00 Mt2).

El precio acordado por los intervinientes en representación del ministerio de educación fue por la suma de Trece Millones de Pesos (RD$13,000.000.00), de los cuales el vendedor solo recibiría la suma de Once Millones de Pesos (RD$11,000.000.00), ya que Dos Millones de Pesos (RD$2,000.000.00), quedarían en manos de intermediarios que hicieron posible la transacción, sin embargo al momento de la firma del contrato, el vendedor observó que el mismo se hizo por la suma de Veintiún Millones Seiscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$21,600,000.00), a razón de Dos Mil Quinientos Pesos Dominicanos por metro cuadrado (RD$2,500.00), pensó que se trataba de una justa valoración del precio del metro cuadrado del terreno, por lo que esperó el desembolso por la suma aparecida en el contrato firmado junto a usted.

Al momento de la entrega del cheque producto de la venta, le conminó al vendedor a endosar el cheque, para solo entregarle la suma de Once Millones de Pesos (RD$11,000.000.00), como habían acordado inicialmente, a lo que el vendedor propietario del terreno se habría negado y por ello no le fue entregado el mismo, enterándose que habría sido cancelado el cheque y rescindido el contrato.

El segundo de los casos presentado al pasado ministro se trató de la adquisición de 10 mil metros cuadrados para la construcción de una Escuela también en Esperanza, por 18 millones de pesos, cuando hacía apenas dos meses ese terreno había sido adquirido en un lote de 18 mil metros cuadrados por la suma de un millón ochocientos mil pesos, en donde estuvo involucrado un dirigente político del partido de gobierno a través de una tercera persona, contrato rescindido, con una construcción de más del 70% y pagos realizados en más del 90%, quedando la construcción en terrenos ajenos al ministerio.

Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, dijo que la solicitud de realización de una auditoria a la remodelación del hospital universitario Cabral y Báez de Santiago obedece a que inicialmente esta fue contratada por un monto de dos mil millones de pesos y por los pagos realizados y el retraso que presenta la obra gris, sin contar con los grandes equipos estipulados en el contrato a ser adquiridos en el exterior en dólares, finalmente el costo de esa remodelación terminará en más del doble del costo original, lo que vendría a formar parte de la remodelación de hospitales como el Darío Contreras, Marcelino Vélez Santana que terminaron sobrevaluado en sus costos en franca violación de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. 

El vocero de la organización de la sociedad civil dijo que en los próximos días dará pasos tendentes a judicializar los casos de irregularidades que se produjeron en la pasada gestión del ministerio de educación, en donde se quiso justificar el gasto de los recursos provenientes del cumplimiento del 4% del PIB para la educación, siendo estos aprovechado por el clan mafioso de las adquisiciones de terrenos.

Igualmente las sobrevaluaciones en la construcción y remodelaciones de hospitales a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, siendo ese primer capítulo la realización de las auditorias correspondiente a cargo del órgano constitucional, así como la Dirección General de Compras y Contrataciones y la procuraduría General de la República, para evitar que los recursos públicos sean malversados por los funcionarios públicos.


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