Por: Nassim José Alemany
Socio de Economía
nalemany@deloitte.com
Esta semana el Banco Mundial publicó la actualización de su reporte Doing Business 2017. Este es un reporte anual que analiza los factores que afectan el clima de negocios de 190 economías del mundo, para determinar qué tan fácil es hacer negocios en cada una.
En el ranking general, la República Dominicana se ubica en el lugar 103 de las 190 economías evaluadas, manteniendo la misma posición del año pasado. Sin embargo, se observan cambios importantes en varios de los componentes que inciden en los negocios.
En la categoría de facilidad de abrir un negocio, el país perdió 7 posiciones, ubicándose ahora en la posición 115 del mundo, a pesar de tener una ligera mejoría en el indicador absoluto. Esto quiere decir que el resto de las economías mejoraron más rápido que nosotros.
Otras categorías de RD que registraron retrocesos en su ranking fueron: la obtención de permisos de construcción (-1), la obtención de crédito (-4), la protección de los inversionistas minoritarios (-2), la facilidad de hacer comercio internacional (-2) y la ejecución de los contratos (-2). De igual manera, se observaron ligeras mejorías en la obtención de electricidad (+3), el registro de propiedad privada (+1) y el pago de impuestos (+2).
Uno de los tópicos adicionales que se incluyó en el reporte de este año fue un análisis del proceso de ventas al gobierno por parte del sector privado, para una sub-muestra de 78 países. Ese indicador busca estudiar los niveles de transparencia y la eficiencia de los procesos de ventas al gobierno de una entidad 100% local y privada.
Un dato interesante que surge de este estudio es que la República Dominicana es la única, de los 78 países del estudio, en la que los suplidores tardan más de 180 días para recibir su pago después de emitida una factura.
En el gráfico se presentan todos los países que cuentan con ese indicador de pago del gobierno, relativo a su puntuación general con relación a la facilidad de hacer negocios. Dichos indicadores son desarrollados por el Benchmarking Public Procurement Project, que es una iniciativa del grupo anti-corrupción del G20, cuyo objetivo es medir los costos de transacción de los contratos públicos.
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