Julián Herrera/Acento.com.do
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| Rolando Rosado Mateo |
SANTO DOMINGO, República Dominicana,- Las instituciones militares de seguridad y de persecución del crimen organizado, en especial del narcotráfico, son diligentes y veloces para identificar y publicar los nombres y fotografías de los civiles sospechosos de estar involucrados en estos delitos, pero suelen ocultar o retardar las informaciones sobre las identidades de sus agentes involucrados en narcotráfico, corrupción y otros crímenes.
Cuando el delito es cometido por civiles, sobre todo si son microtraficantes y no grandes capos, los organismos militares y policiales de investigación facilitan a los medios de comunicación nombres y fotos de los sospechosos antes de ser sometidos a los tribunales e incluso cuando todavía no ha entregado el caso al Ministerio Público, que debe dirigir el proceso de preparación definitiva del expediente y la formulación de cargos.
Son reiterados los casos en que militares apresados e investigados por alegados vínculos operativos con el narcotráfico, son protegidos al ocultarse sus nombres y el resultado de la indagatoria, que en muchas ocasiones es archivado.
Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), han tenido un alto número de sus agentes vinculados en actividades del narcotráfico en los últimos años, pero ocultan sus identidades y muy pocos terminan siendo sometidos a la justicia.
Ambos organismos tienen como norma aplicar cancelaciones sumarias de militares a quienes se les comprueba vínculos con estructuras criminales sin especificar el grado de participación en la comisión del delito. Si les imponen sanciones no pasan de darles la baja o cancelación deshonrosa o, en muchos casos, solicitar el traslado de un organismo a otro, de una dotación a otra o de una ciudad a otra. Son excepcionales los casos en que estos militares o agentes policiales son sometidos judicialmente.
De esta situación se quejó en su momento el Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Segarra, al señalar que pocos militares envueltos en crímenes relacionados con el narcotráfico son sometidos ante los tribunales.
El caso más reciente se produjo el jueves, 15 de diciembre, cuado la DNCD y otras agencias de persecución del crimen se incautaron de mil 77 kilos de pasta de cocaína en el Aeropuerto Internacional de La Romana, y apresaron a unas 15 personas, entre civiles y militares.
En esta ocasión el organismo antinarcóticos sólo suministró los nombres y fotos de dos extranjeros, el holandés Nicolás Joannes María y el británico Rowson Adgard, pero no ha identificado a los miembros de la DNCD y del CESAC apresados en el operativo ni ha dado mayores detalles sobre la investigación.
El presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, declaró, además, que estas personas dirigieron la operación de narcotráfico para financiar presuntas acciones terroristas, de las cuales no ofreció mayores detalles.
Asimismo, el pasado viernes 9 de diciembre se confiscó un cargamento de 7 kilos de cocaína a bordo de un avión de una empresa de correo privado. Esta droga sería transportada hacia Puerto Rico, desde la terminal de carga del aeropuerto Internacional José francisco Peña Gómez- Las Américas.
Con relación a ese caso, la DNCD apresó a cinco personas, tres civiles y dos militares del CESAC. Horas después la agencia anti drogas emitió una nota suministrando los nombres de los civiles sospechosos, identificados como a Leandro Soto Méndez, Víctor Núñez Celedonio y Félix Gilberto Torres.
Sin embargo, ambas entidades ocultan la identidad de los militares y se desconoce si aún son investigados o si permanecen detenidos.
De igual manera, otros 18 militares del CESAC que fueron detenidos por casi un mes, por el robo de un avión del Grupo Punta Cana, del aeropuerto internacional El Higüero, ocurrido el 23 de octubre. Las autoridades nunca revelaron sus nombres ni el resultado de las indagatorias.
El presidente de DNCD pidió este sábado, 17 de diciembre, a los medio de comunicación que se abstengan de informar sobre detalles concluyentes del caso referente a las 20 maletas de cocaína incautadas el pasado jueves en La Romana, alegando que “muchas informaciones deben ser mantenidas en una fase cerrada”.
Recientemente el fiscal de la provincia La Altagracia, Lucas Evangelista Pérez, denunció que el tráfico de drogas por el aeropuerto de Punta Cana cuenta con el contubernio de militares del Cuerpo especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y de miembros de otras instituciones oficiales que trabajan en esa terminal aérea.
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